Corte Suprema ordena al Estado a pagar indemnización a familiares de ejecutado durante la dictadura en Pisagua

FOTO: U. DE CHILE.

La Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización total de $380.000.000 (trescientos ochenta millones de pesos) a la cónyuge, hijo y hermanos de Mario Morris Barrios, ejecutado en octubre de 1973, en la localidad de Pisagua.

En fallo unánime (causa rol 31.605-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado (i) Antonio Barra– acogió la demanda deducida, tras establecer la responsabilidad del Estado en el delito de lesa humanidad de que fue víctima Morris Barrios y, por tanto, imprescriptible penal civilmente.

“Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a los familiares de la víctima consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'”.

“Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”, añade.

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